DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN VITORIA-GASTEIZ EL 3 DE MARZO DE 1976 (PARLAMENTO VASCO. 12.6.2008)

OPINION OF THE SPECIAL COMMITTEE ON THE EVENTS THAT OCCURRED IN VITORIA-GASTEIZ ON MARCH 3, 1976 (BASQUE PARLIAMENT. 2008.06.12)

Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco

Antonio Rivera Blanco[1]

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Cómo citar / Nola aipatu: Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco y Rivera Blanco, A. (2022). Dictamen de la Comisión Especial sobre los Hechos Ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 de Marzo de 1976 (Parlamento Vasco. 12.6.2008). Legebiltzarreko Aldizkaria - LEGAL - Revista del Parlamento Vasco, 3: 274-291
https://doi.org/10.47984/legal.2022.008

PRESENTACIÓN: HISTORIA Y POLÍTICA EN EL PARLAMENTO

 

“Cuando la huelga del año 70

yo estaba en la casa de discos Belter,

de mozo de almacén.

Sí, ocurrió una desgracia, murieron esos muchachos.

Habría que ver las circunstancias…

Habría que ver también si los policías eran suficientes,

y si tenían suficiente material.

Antes no había cascos, ni escudos,

y me suena leer que los obreros les tiraron piedras”.

Arturo Muñoz, Por un túnel de silencio (2022)

Al policía protagonista de ese relato de “no ficción” también le sonaba que los obreros de la construcción granadina tiraron piedras y que todo se desbocó a partir de ello. Esa misma creencia –o, mejor, la corrección de sus dañinos efectos– animó a constituir una comisión especial en el Parlamento Vasco en 2007. Un año antes, con motivo del trigésimo aniversario de aquellos dramáticos acontecimientos del tres de marzo de 1976 en Vitoria, el Pleno había aprobado una declaración mostrando la solidaridad con sus víctimas, la reclamación del esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades derivadas, una reparación equivalente a la que recibían las víctimas del terrorismo y un resarcimiento a todos los efectos. Ese mismo año, la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo solicitó la creación de una comisión especial parlamentaria para investigar los hechos y señalar responsabilidades políticas por ellos.

En febrero de 2007 se aprobó la proposición no de ley para crear esa comisión, con un objeto muy preciso: elaborar un dictamen o memorando para que, una vez aprobado, fuese remitido “a todas aquellas instancias pertinentes, para que lo adjunten a sus cuerpos documentales como versión fehaciente de los hechos probados, de manera que pueda ser contrastado con los hasta ahora únicos existentes en diversos organismos oficiales”. No se trataba de un interés historiográfico o, mucho menos, anticuario, sino de subsanar una cuestión que desde hacía tres décadas venía privando a las víctimas de su derecho. A saber: la única versión de los hechos que figuraba en la documentación oficial era la que en su día habían producido los organismos policiales, y sostenía que los obreros huelguistas se enfrentaron a las fuerzas de orden público armados “con palos, barras de hierro, bolsas de piedras, etc.”. En consecuencia, sus reclamaciones de reparación tropezaban con el argumento de que no podían ser tomados por víctimas si se habían portado como agresores. El problema es que esa versión, siendo todavía la única “oficial”, no se correspondía con la realidad.

Los hechos, a tenor de lo expuesto por diferentes historiadores (y testigos) desde entonces, eran otros muy distintos. La tercera huelga general convocada en Vitoria en el primer trimestre de 1976 tuvo gran repercusión en la ciudad. A las cinco de la tarde, la asamblea obrera que se celebraba en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga –una más de los cientos de ellas que se habían celebrado ya sin problemas desde que comenzó el conflicto en enero– fue suspendida y desalojada por la policía, argumentando posteriormente esta lo que se ha señalado. Al tratar de expulsar con botes de humo a los reunidos, la salida en tromba de estos y la presión ejercida para protegerlos por quienes no habían podido entrar “atrapó” a los policías entre dos masas humanas. Estos, mal dotados y en un número reducido para contener la situación –y en unos años en que el “gatillo fácil” fue muy habitual en su comportamiento–, resolvieron abrir fuego contra los obreros, dando muerte a cinco de ellos, hiriendo a cuarenta y dos de bala, y a otros treinta y nueve por contusiones, quemaduras y fracturas.

Ya con anterioridad, esta circunstancia de que lo ocurrido en realidad y lo contado oficialmente no coincidieran, se había tratado de corregir en los debates habidos en las Juntas Generales de Álava, que resolvieron contratar al Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) un informe y un dictamen histórico sobre aquellos hechos. El informe se publicó en forma de libro en 2007, junto con la monografía del historiador Carlos Carnicero titulada La ciudad donde nunca pasa nada. Vitoria, 3 de marzo de 1976. La edición posterior de 2009 incluyó también el dictamen de la comisión parlamentaria a que hacemos referencia aquí. Aquel informe sirvió de base para los trabajos de la Comisión, y el propio Instituto orientó a esta acerca de las personas que deberían ser llamadas y sobre las posibles preguntas que se les debían formular.

El encargo tenía, entonces, un triple objeto: conocer (hechos, responsabilidades), reconocer (a las víctimas, como lo había hecho antes el Parlamento y como lo acababa de hacer la Diputación Foral alavesa al otorgar en 2005 la Medalla de la Provincia) e indemnizar (evitando cualquier impedimento para ello o complementando con ayudas paralelas, como de nuevo aprobó la Diputación en 2003). Un objetivo, por encima de todo, encomiable: coadyuvar a que unos ciudadanos fueran atendidos en sus derechos rectificando una información con la que la Administración se los negaba. Enseguida se fue plenamente consciente del riesgo paralelo que entrañaba: un organismo político asumía la tarea de “escribir la historia”. No es casual que esta circunstancia se hiciera notar en el propio texto del dictamen finalmente aprobado:

“Este Parlamento Vasco es consciente de la dimensión del reto que enfrentó con aquel acuerdo. La ‘verdad histórica’ es una construcción intelectual que responde al conocimiento más o menos completo y ajustado de unos hechos, así como a la percepción que de los mismos y de su contexto se tiene. Es consciente de que, como cualquier otro conocimiento histórico, éste es también aproximativo y provisional. Y también lo es de que, en condiciones normales, una instancia política como es la Cámara vasca no escribe la ‘verdad histórica’. Pero, frente a todo ello, este Parlamento sabe también que, a día de hoy, después de más de treinta años, lo que ocurrió y lo que se sabe de aquellos hechos no es lo que figura en instancias oficiales, y que eso, además de faltar al principio de verdad y de privar a la ciudadanía del derecho a conocer una versión fehaciente de lo ocurrido, se utiliza para privar de posibles derechos a los reclamantes. Es por ello que, consciente de las limitaciones y complejidades de esta función asumida, pero respaldado y animado por la posibilidad de corregir en parte la injusticia que trata de reparar, este Parlamento, a través de la comisión especial creada a tal efecto, encaró el trabajo de proporcionar y aprobar un dictamen de hechos probados, contrastables e incontestables, para que la ciudadanía conozca lo entonces ocurrido en la versión más ajustada a la realidad de la que somos capaces en este momento”.

La Comisión procedió, entonces, a convocar a diferentes entidades, conocedores, responsables y testigos que pudieran aportar algo más a lo que ya se sabía por el dictamen histórico del Instituto Valentín de Foronda. El listado se componía de dos tipos de reclamados. El primero se refería a entidades interesadas en el asunto, historiadores y periodistas que habían investigado los hechos, y diferentes testigos de lo ocurrido. En concreto, fueron el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda (UPV/EHU), el historiador de ese centro Carlos Carnicero, la Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas del 3 de Marzo, el también historiador Iñigo González Inchaurraga –que había publicado un libro cuestionando las tesis sostenidas hasta entonces–, el periodista José Antonio Abásolo (testigo de los hechos y autor de una monografía sobre ellos de gran interés), el decano de los jueces vitorianos y mediador en diversos procesos sociolaborales, Juan Bautista Pardo, y los sacerdotes Félix Placer y Antonio Quilchano (este lo hizo solo ante la presidenta de la Comisión, por su estado de salud).

El segundo grupo lo conformaban políticos en activo en aquel tiempo. Algunos no respondieron ni acudieron al llamamiento de la Comisión, como los ministros del Gobierno de Arias Navarro, Manuel Fraga, Rodolfo Martín Villa y Alfonso Osorio. Tampoco acudió el entonces responsable del SECED (servicios de inteligencia) en el País Vasco, Ángel Ugarte, el juez diocesano (Antonio Aguirre Pérez de Onraita) y el sacerdote de la iglesia de Belén (José Luis López de Briñas). Sí que respondió por escrito a las preguntas formuladas el que entonces dirigió el dispositivo de la Policía Armada, Jesús Quintana Saracíbar. El presidente de la Diputación alavesa, Manuel M.ª Lejarreta Allende, envió diferentes documentos como contestación. En ambos casos solo se reiteraron en lo afirmado treinta años atrás. El canónigo de la catedral, Gonzalo Vera-Fajardo, rehusó intervenir al desconocer detalles de aquello por lo que se le preguntaba. Igualmente, no se obtuvo respuesta de la solicitud hecha al archivo del Obispado para que remitiera información obrante en su poder sobre los hechos referidos y, en particular, sobre uno de los asuntos cruciales y desconocidos: si la autoridad eclesiástica dio algún tipo de permiso a la policía y al Gobierno Civil para entrar en el templo conforme a lo establecido en el Concordato vigente.

El sentido del llamamiento condiciona el resultado y contenido de estas comisiones investigadoras. Los primeros convocados o bien reafirman la intención mayoritaria de la Comisión o contribuyen a dar sentido a esta incorporando algún nuevo conocimiento. En este caso, sí que hubo testimonios de interés y buenos análisis de lo ocurrido que incrementaron el conocimiento de los hechos, pero sin poder aportar novedades que cambiaran el criterio y explicación previos que ya se tenían. Pero son los segundos los que distorsionan el trabajo de la Comisión ya que se les reclama, más que para que aporten sus tesis, con la convicción de que, asistan o no –normalmente, esto segundo–, no harán sino sancionar el prejuicio inicial, demostrándose culpables y responsables de lo ocurrido. En ese sentido, la Comisión anticipa con sus mayorías y minorías el resultado final de su trabajo en términos de resolución o dictamen. Incluso más, sirve para instrumentalizar a los convocados, porque el objeto es afirmar o refutar los presupuestos de partida. En este caso, el hecho de que los llamados a ser responsables políticos pertenecieran en su día a uno de los partidos actuantes en la Comisión –el Partido Popular– hacía que se entablara un debate partidario sobre el pasado usando las figuras de estos convocados. En suma, la intención clarificadora e informativa de este tipo de comisiones pierde mucho con estos esquemas de trabajo.

MÁS CORROBORAR QUE CONOCER

 

“Entonces, a las dos de la tarde del día 3 de marzo,

ante el éxito fulgurante de la huelga,

hay un silencio en Vitoria.

Y, efectivamente, era un silencio

como esos silencios que se dan antes de las tormentas, ¿no?”.

Testimonio de José Antonio Abásolo

Junto con el de si se permitió o no por parte del Obispado intervenir a la policía dentro del templo tenemos otro tema principal sin resolver: la premeditación (o no) que pudo darse para producir semejante matanza. Aquí se reproduce lo dicho antes: el esquema previo de cada representante de un grupo parlamentario se reitera más allá (o al margen) de las evidencias o de los testimonios que se conocen o escuchan. Sobraría cualquier trabajo de la Comisión porque sus resultados vienen ya prefijados. La democracia deliberativa se ve aquí muy cuestionada.

En este caso, la cuestión no tenía fácil resolución y resultaba sencillo atrincherarse en las convicciones de partida. En los días de enero a marzo de 1976, tanto los dirigentes de la huelga como aquellos que la resistían (políticos locales y nacionales del tardofranquismo, estructuras del Sindicato Vertical y empresarios de la ciudad) coincidieron en la percepción revolucionaria de aquel conflicto. Por su parte, sus protagonistas, aquella nueva clase obrera forjada en la reciente industrialización, solo suponían estar en una huelga por sus demandas laborales. La causa de aquella matanza resultaba así contradictoriamente coincidente en su explicación para ambos bandos enfrentados. Los segundos consideraban en sus informes oficiales que los dirigentes de la huelga azuzaron a los obreros para enfrentarse violentamente a la policía y sobredimensionar políticamente las características del conflicto laboral; los primeros interpretaban que el franquismo declinante había tratado de “dar una lección” a todos los que en esos meses se movilizaban en el país, masacrando a los huelguistas vitorianos[2]. En ambos casos había que descubrir una prueba de la premeditación: los informes policiales hablaban de una violencia causativa que no se había producido así; los recuerdos de los líderes huelguistas se sostienen en una sospecha argumental sin mayor solvencia[3].

Lo único cierto es que, hacia las dos, todos se fueron a sus casas. Huelguistas y policías parecieron darse un respiro y, aunque durante la mañana la tensión había sido mucha, produciéndose incluso los primeros heridos de bala, se optó por esa calma previa a la tormenta. El problema es que ese detalle cuestiona cabalmente la tesis revolucionaria sostenida por unos y otros. Los dirigentes obreros, reunidos a esa hora en el barrio de Adurza, al sur de la ciudad, no pudieron en su mayoría llegar al escenario de los hechos a las cinco (a la iglesia de San Francisco de Asís, en Zaramaga, al norte) porque los accesos a la ciudad desde su parte meridional estaban cortados por los huelguistas. Por su parte, la dotación policial era más que escasa: se habla de ciento cincuenta efectivos para contener a cuatro o cinco mil congregados dentro o en torno al templo (en algún momento, la cifra se eleva a ocho mil). La aparición de “especiales” (los famosos “del pañuelo rojo”, acantonados en Miranda de Ebro) se produjo cuando los hechos se habían descontrolado ya –y es justo en ese momento cuando los obreros, efectivamente, de manera espontánea, se arman de piedras y palos–, y tampoco pudieron llegar más fuerzas porque el propio acceso a la ciudad estaba también cortado. Es decir, si indistintamente se pretendía llevar a cabo un movimiento revolucionario o un correctivo contra los obreros huelguistas, ni la dirección de los primeros ni los recursos de los segundos se prepararon para ello. Todo lo contrario, habiendo podido organizar la acción con tiempo, decidieron todos regresar a sus casas a las dos.

La causalidad proporciona explicaciones y seguridades. Las de unos y otros eran exactamente las mismas que manifestaron treinta años antes de constituirse la comisión parlamentaria. La casualidad es todo lo contrario y tiende a dar sentido a los hechos humanos de forma menos épica, aunque posiblemente más cercana a la realidad y no menos soportada en la human agency, en el factor personal. El argumento de que a todos: líderes huelguistas, empresarios, políticos nacionales y locales, mandos policiales… se les fue de las manos aquello lo citaron como sin querer dos de los testigos convocados: el periodista Abásolo y el cura Quilchano. No pretendieron sacar conclusiones de ello; mucho menos menguar la responsabilidad que pudiera derivarse de semejante violencia por parte de las fuerzas del Estado. Tampoco querían concluir que hubiera una buena voluntad que quedó superada por la mala suerte. En realidad, hablan más de improvisación, desatención y falta de actitud para poner punto final a lo que, incluso, en las fechas previas iba tomando otra dirección menos trágica. Ello también conllevaba responsabilidades diversas para los diferentes agentes colectivos y personalidades afectadas. La misma conversación por radio entre las dotaciones policiales capturada en su día y profusamente divulgada entre la ciudadanía resultaba un documento difícil de caracterizar. La contribución a la “paliza más grande de la historia” que confiesa uno de los policías puede ser indistintamente interpretada como jactancia represiva o como lamento por lo que acababa de hacerse. Es cierto que el citado remata su frase con un “Aquí ha habido una masacre” bastante más concluyente, pero insuficiente para los criterios asentados de los testigos.

La Comisión investigadora concluyó sin poder acreditar fehacientemente que había habido un plan preconcebido, como pretendían algunos que hiciera. Prefirió –y así lo certificó– quedarse corta, afirmar solo lo que podía demostrar, y no especular y, ni mucho menos, sostener hipótesis no basadas en datos incontestables. Su autoexigencia consistió en que su dictamen sometido a la aprobación parlamentaria no pudiera ser cuestionado ni por la más leve falta de rigor o demostración.

Eso, lógicamente, no satisfacía a quienes habían ido allí buscando esa confirmación. Así lo habían manifestado los miembros de la Asociación de Víctimas, convencidos desde el primer día de ello. También fue el argumento para que el grupo Ezker Abertzalea[4] no participara de los trabajos de la Comisión y concluyera en el debate en pleno que esta se había limitado a elaborar “un papelito”, sin más consecuencias. En sentido contrario, el Partido Popular, que tampoco estuvo activo en ella, cuestionó que un parlamento estuviera capacitado para “escribir la Historia” y que la voluntad de la Comisión no era otra que utilizar el pasado para actuar en el presente en el combate partidario –en esos momentos presidía el Gobierno de España–, sin que sus trabajos fueran a tener mayores efectos para las víctimas o para el conocimiento de lo acontecido. De manera que, otra vez, el “presentismo” devaluaba la posibilidad de que los trabajos parlamentarios fueran reconocidos por el conjunto de los grupos y, en ese sentido, reducía la eficacia buscada en sus efectos, otro problema característico de estas comisiones.

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

De haberse concluido y demostrado un plan preconcebido para masacrar aquella asamblea obrera, sus víctimas habrían logrado dos cosas: primero, constatar palmariamente su condición de tales (y beneficiarse así sin objeción de las reparaciones), y segundo, establecer responsabilidades penales y políticas. En lo primero, el esfuerzo tenía un sentido limitado porque el objeto ya estaba logrado: social e institucionalmente, al menos en Álava y el País Vasco, no hay duda de esa condición de víctimas de aquellos trabajadores vitorianos. Además, las instituciones provinciales y autonómicas tomaron acuerdos unánimes para solicitar las debidas reparaciones y para completar, si hiciera falta, el montante de estas y evitar absurdos desequilibrios con víctimas de otro tipo de violencias (vg. las de organizaciones terroristas). En lo segundo, la Justicia militar que abordó esta causa en su día, aunque determinó la existencia de homicidios, la sobreseyó al no poder imputar personalmente estos; además, pesaba sobre todo ello la Ley de Amnistía de 1977, que imposibilita volver sobre esas causas. Luego quedaba solo la denuncia política, que en este caso sí que tiene una característica naturaleza parlamentaria, aunque se resiente otra vez por el hecho de reflejar, no tanto la verdad o la justicia, sino la aritmética puntual de mayorías y minorías. En este caso, el Parlamento imputó como responsables políticos de los hechos a aquellos ministros del Gobierno de Arias Navarro (Manuel Fraga, Rodolfo Martín Villa y Alfonso Osorio), si bien su declaración empezaba y terminaba ahí.

Las posibilidades de conocer mejor y de resolver mediante deliberación resultan, a la vista de esta experiencia, un tanto reducidas. Posiblemente se deba más al tipo y formato de la comisión y a la cultura política que se ha impuesto en nuestro país. La estructura férreamente partidaria, muy condicionada por los límites de una “democracia mediática”, limita extraordinariamente las posibilidades de estos recursos parlamentarios. Es impensable que el representante de un grupo, a la vista de un testimonio, un documento o una declaración, se desdiga de lo que se supone iba a mantener durante todo el trabajo de la Comisión; ni pasó, ni tampoco hubo nuevo conocimiento que colocara a estos en esa tesitura. En ese sentido, el resultado es un tanto pobre.

El dictamen aprobado, conforme estaba previsto, se remitió a una veintena de entidades institucionales y políticas de todo tipo, otra de bibliotecas, archivos y centros documentales, y otra de asociaciones públicas y privadas relacionadas directamente con el tratamiento de información histórica para que tuvieran otra versión, en este caso fehaciente, de lo ocurrido; se incluyó también el Archivo Militar de la VI Región sito en Ferrol. No tengo conocimiento de que se haya usado posteriormente en algún acto jurídico o de otra naturaleza para reclamar unas reparaciones debidas. De manera que su resultado ha sido solo a los efectos del saber por el saber, que no es poco. Sí es importante, muy importante, con las cautelas debidas y reconocidas, que la representación de la ciudadanía apruebe de manera muy mayoritaria (cincuenta a veintiuno) un documento que pretende establecer la verdad de los hechos ocurridos. No es cuestión baladí, por mucho que aún no veamos una utilidad práctica a ese hecho.

En sentido contrario, el material generado por la Comisión de investigación –un documento de 531 páginas, con información de gran interés– quedó aparcado en alguna web del Parlamento de manera poco o nada relevante, como si nadie quisiera hacer uso ni demostración de aquel trabajo y de sus resultados[5]. Eso, precisamente, permite recurrentemente en fechas señaladas volver sobre la cuestión y reclamar un conocimiento de los hechos –de “la verdad”, dicen–, como si estos se hubieran ocultado o como si todavía fuera fácil acceder a novedosas informaciones. En este, como en otros temas referidos a la historia, cabe sospechar que siempre hay una razón instrumental en esas demandas, porque, contradictoriamente, cuando los mecanismos reclamados hacen su labor, esta no es reconocida o difundida como se debe. Por fortuna, la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo aloja en su web el documento referido junto a otra información tan necesaria y útil como esta[6].

En algún momento del debate parlamentario se dijo que el nuestro era el primero que tras la Segunda Guerra Mundial se atrevía a “escribir la Historia”, aunque fuera solo por las razones de fuerza mayor ya expuestas; posiblemente fuera una afirmación exagerada porque alguno otro lo habría hecho también. En todo caso, el trabajo de la Comisión y del Parlamento posteriormente sí que sirvió para llegar hasta el extremo posible del conocimiento y para ratificar muy mayoritariamente el reconocimiento de las instituciones de esos hechos y de sus víctimas. Instituciones, como esta parlamentaria, que, no se olvide, son representación y reflejo del criterio ciudadano.

Y el trabajo se hizo sin vulnerar la frontera de precaución que imposibilita que las instituciones políticas escriban la Historia. Existió un equilibrio de conciencia, necesidad y sentido y razón de aquellos trabajos. El hecho de que nadie haya podido señalar una falla en el documento producido y aprobado es la mejor muestra de su solvencia.

La prudencia que condujo aquellos trabajos no se puede poner al nivel de la dinámica de la comisión y del pleno por razones de cultura política. El modelo español y vasco es demasiado partidario, y no se abre a que algo o alguien pueda convencer a un parlamentario de que su prejuicio original (y el de su grupo) no se apoya en la realidad de los hechos conocidos y probados. Eso hace que todo sea muy previsible, que la Comisión reproduzca sistemáticamente el esquema de mayorías-minorías, y que los resultados se validen o refuten, indistintamente, al margen de su entidad y solvencia. Como se ha señalado atrás, la democracia deliberativa queda así muy cuestionada y los trabajos de comisión no hacen sino reiterar algo de lo peor de nuestra cultura política: la prisión partitocrática del juicio parlamentario.

Antonio Rivera Blanco

31.5.2022

DICTAMEN SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN VITORIA-GASTEIZ QUE TERMINARON CON LA MUERTE DE CINCO TRABAJADORES POR DISPAROS DE LA POLICÍA ARMADA[7]

Justificación

El 3 de marzo de 1976, el desalojo por la Policía Armada de la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio vitoriano de Zaramaga, produjo cinco víctimas mortales y varias decenas de heridos de consideración entre las trabajadoras y trabajadores que se disponían a celebrar una asamblea y entre los que no pudieron acceder al recinto. Aquellos hechos continúan impunes, nunca han llegado a dirimirse judicialmente y su conocimiento veraz, más allá del que tienen las ciudadanas y ciudadanos de Vitoria contemporáneos de los mismos, no puede considerarse adecuado. En diversas instancias y momentos, la reclamación de responsabilidades ha sido denegada acudiendo, precisamente, a versiones inciertas o de parte, que, sin embargo, son las únicas que hasta hoy se pueden localizar en los archivos judiciales.

El Parlamento Vasco ha atendido en diferentes ocasiones el requerimiento de la Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas del 3 de Marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz tendente a reconocer la contribución de aquellas víctimas al logro de la democracia en nuestro país, a restituir el conocimiento de la verdad de aquellos hechos y a arbitrar o reclamar las indemnizaciones a que tuvieran derecho. En enero de 2001, el Ministerio del Interior comunicó a la asociación que se iba a proceder a desestimar la solicitud presentada por ésta para ser acogidos en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Una de las razones de la denegación se apoyaba en los informes policiales existentes en los archivos sobre el caso, que referían cómo los trabajadores “se armaron con palos, barras de hierro, bolsas de piedras”. En ese contexto, el Parlamento Vasco, con motivo del 25 aniversario de los sucesos, aprobó una moción en la cual, además de mostrar su solidaridad con los afectados, instaba al Gobierno central y a los órganos judiciales a que, en el ámbito de sus competencias respectivas, contribuyeran a esclarecer los hechos y conocer la responsabilidad última de los mismos. De la misma forma, se constataba que aquellos acontecimientos se dieron al amparo de un poder dictatorial e instaba al Gobierno central a corregir la injusticia y a que fueran acogidos en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo con el reconocimiento y compensaciones que ello conllevaba. Si el Gobierno central eludía o rechazaba esta petición, el Parlamento instaba al Gobierno Vasco a habilitar un fondo para que al menos se pudieran compensar de algún modo a las víctimas.

Viendo la importancia que suponía tener un conocimiento real de lo ocurrido en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976, la asociación presentó un proyecto para la realización de un estudio riguroso de aquellos sucesos, toda vez que se interpretaba lacerante el hecho de que de los mismos solo quedara constancia o versión oficial en unos términos ajenos por completo a la realidad de lo sucedido. Aceptado y subvencionado el proyecto por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, la asociación encargó al Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco la elaboración de un “dictamen histórico sobre los acontecimientos del 3 de marzo en Vitoria”. Este dictamen fue publicado en mayo de 2007 por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, como anexo a la monografía sobre la cuestión del historiador Carlos Carnicero Herreros titulada La ciudad donde nunca pasa nada. Vitoria, 3 de marzo de 1976. El 3 de marzo de 2006, coincidiendo con el 30 aniversario de los sucesos, el Parlamento Vasco, a través de su presidenta, dio lectura a una declaración institucional en la cual, en su punto primero, además de mostrar una vez más su solidaridad con los afectados, reconocía a éstos su condición de “víctimas del terrorismo”, en el segundo condenaba una vez más los cinco asesinatos y las brutales agresiones cometidas por las fuerzas de orden público hacía treinta años, y en los siguientes, al igual que lo hizo en 2001, se instaba al Gobierno central a que acogiera en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo a los afectados del 3 de marzo. Pocos días después, en comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, la asociación expuso la necesidad de formar una comisión que se encargara de la investigación y de marcar al menos las responsabilidades políticas derivadas, toda vez que las penales no eran posible dirimirlas por haber sido desestimados todos los intentos realizados en los tribunales de justicia. Tras ser presentada esta propuesta, en febrero de 2007, el Parlamento Vasco aprobó una proposición no de ley que acordaba crear en su seno una comisión especial de estudio que, a partir de ese dictamen histórico, analizase lo ocurrido y las posibles responsabilidades derivadas de aquellos sucesos. El objeto era elaborar un dictamen o memorando final que, aprobado por el Parlamento, fuera remitido a todas aquellas instancias pertinentes, para que lo adjunten a sus cuerpos documentales como versión fehaciente de los hechos probados, de manera que puedan ser contrastados con los hasta ahora únicos existentes en diversos organismos oficiales. A lo largo de varios meses, esta comisión especial se ha entrevistado con diferentes personas, al objeto de actualizar, clarificar e incrementar en lo posible el conocimiento de aquellos hechos, de manera que el dictamen o memorando sea lo más riguroso y preciso.

Este Parlamento Vasco es consciente de la dimensión del reto que enfrentó con aquel acuerdo. La “verdad histórica” es una construcción intelectual que responde al conocimiento más o menos completo y ajustado de unos hechos, así como a la percepción que de los mismos y de su contexto se tiene. Es consciente de que, como cualquier otro conocimiento histórico, éste es también aproximativo y provisional. Y también lo es de que, en condiciones normales, una instancia política como es la Cámara vasca no escribe la “verdad histórica”. Pero frente a todo ello, este Parlamento sabe también que a día de hoy, después de más de treinta años, lo que ocurrió y lo que se sabe de aquellos hechos no es lo que figura en instancias oficiales, y que eso, además de faltar al principio de verdad y de privar a la ciudadanía del derecho a conocer una versión fehaciente de lo ocurrido, se utiliza para privar de posibles derechos a los reclamantes. Es por ello que, consciente de las limitaciones y complejidades de esta función asumida, pero respaldado y animado por la posibilidad de corregir en parte la injusticia que trata de reparar, este Parlamento, a través de la comisión especial creada a tal efecto, encaró el trabajo de proporcionar y aprobar un dictamen de hechos probados, contrastables e incontestables, para que la ciudadanía conozca lo entonces ocurrido en la versión más ajustada a la realidad de la que somos capaces en este momento. En ese sentido, y a tal objeto, la comisión ha convocado a historiadores, a los miembros del Instituto Valentín de Foronda que estudiaron y redactaron el dictamen que ha servido de base a esta nueva indagación, a protagonistas de aquellos hechos, a víctimas de los mismos, a periodistas, jueces, sacerdotes, cargos institucionales de entonces, políticos, etcétera. Conscientes de que la comisión acometía el estudio de unos hechos que todavía hoy resultan dolorosos, delicados y políticamente complejos, se decidió por unanimidad en la misma que los comparecientes fueran informados previamente de las preguntas que se les iban a realizar y que la contestación, atendiendo a las circunstancias personales o particulares de algunos, podía efectuarse tanto presencialmente como por escrito. En ese sentido, la comisión ha tratado de dar el máximo de facilidades a los comparecientes, al objeto de cumplir los objetivos que se había señalado. Con todo, algunos de los llamados a comparecer no han tenido a bien hacerlo. En algunos casos por razones de salud, de disponibilidad o de fuerza mayor; en otros por un silencio que denota un implícito rechazo a la labor de esta comisión, por motivos no expresados. En concreto, atendieron a la comisión las siguientes personas, grupos o entidades: Instituto de Historia Social Valentín de Foronda (UPV-EHU); Carlos Carnicero Herreros (historiador); Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas del 3 de Marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz; Iñigo González Inchaurraga (historiador); José Antonio Abásolo (periodista y testigo de los hechos); Juan Bautista Pardo (decano de los jueces de Vitoria y actuante en los hechos); Félix Placer (sacerdote y testigo de los hechos); Antonio Quilchano (sacerdote y actuante en los hechos). Manuel María Lejarreta Allende, entonces presidente de la Diputación Foral de Álava, declinó la invitación y por escrito remitió algunos documentos a la comisión, así como Gonzalo Vera Fajardo, por desconocer la respuesta a lo preguntado. Finalmente, no respondieron al llamamiento de ésta, no habiéndose proporcionado ningún motivo, las siguientes personas reclamadas: Manuel Fraga Iribarne (ministro de Interior); Rodolfo Martín Villa (ministro de Relaciones Sindicales); Alfonso Osorio (ministro de la Presidencia); Jesús Quintana Saracibar (capitán de la Policía Armada actuante en los hechos); Ángel Ugarte (responsable del SECED en el País Vasco); José Luis López de Briñas (sacerdote de la parroquia de Belén de Vitoria en 1976) y José Antonio Aguirre Pérez de Onraita (juez diocesano). A su vez se solicitó al archivo del Obispado que se nos remitiese la información que obrase en su poder e hiciera referencia a los hechos estudiados y a la posible autorización para la intervención en la iglesia.

En consecuencia, este Parlamento Vasco aprueba el siguiente memorando de hechos probados ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria. El mismo se remitirá a cuantas instancias oficiales, públicas o privadas tengan relación directa o indirecta con los sucesos que se relacionan, para que la ciudadanía presente y futura conozca la versión más cercana a la realidad posible, para que aquellas víctimas sean reconocidas en su contribución a la democracia en nuestro país y para que se sepa quiénes eran las personas e instituciones que tuvieron responsabilidades en lo ocurrido.

Memorando

Durante los primeros meses de 1976, la conflictividad sociolaboral se incrementó extraordinariamente en el país. Confluían como razones de la misma la oposición al reciente decreto de congelación salarial, la pérdida de salario real de las trabajadoras y trabajadores a consecuencia de una creciente inflación, los efectos de la crisis económica internacional de 1973, la negociación de muchos nuevos convenios colectivos y el entorno sociopolítico de crisis y de expectativa de cambio creado por la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975. En diversos lugares de España se produjeron huelgas de sector o generales, prolongadas en el tiempo y con participación de gran número de huelguistas. En Vitoria comenzó un conflicto laboral en la empresa Forjas Alavesas el 9 de enero, y en los días siguientes adoptaron esa misma actitud de huelga la mayoría de las plantillas de otras factorías siderometalúrgicas y de otros sectores (Mevosa, Gabilondo, Aranzábal, Engranajes y Bombas Ugo, Apellániz, Cablenor, Orbegozo Fittings –de Salvatierra–, Areitio, Industrias Gálycas, Muebles Apellániz, Muebles Vitoria, Olazábal y Huarte, Lip Alliquant –de Llodio–, Astoa, Echezarreta, Agrator, Talleres Velasco, Calderería Gama, Cremalleras del Norte, la sección primera de Telefónica y Seteco), hasta alcanzar el 26 de enero la cifra de unos seis mil trabajadores y trabajadoras, que en su mayoría se mantuvieron en esa situación hasta inmediatamente después de los hechos del 3 de marzo. Las demandas y las negociaciones fueron particulares de cada empresa, pero éstas coincidían en reclamaciones de incrementos salariales, de rebaja de jornada, de días de vacaciones, de revisión del convenio y, en algún caso, de retirada de propuestas empresariales de incremento de productividad. Anterior a su presentación a los diferentes empresarios, hubo contactos entre elementos contrarios o disidentes del sindicato oficial, para que las plataformas reivindicativas, aunque adaptadas a la situación de cada empresa, tuvieran un cuerpo común.

Desde los primeros momentos, la mayoría de los huelguistas rechazó el cauce de negociación y resolución del conflicto que proporcionaba la estructura del sindicato oficial y único entonces vigente (la Organización Sindical Española) y planteó como alternativa a éste las comisiones representativas. Ese hecho confirió a la huelga una dimensión política que trascendía la demanda estrictamente laboral. A su vez, la inexistencia de garantías y derechos democráticos en la España del momento hizo que tanto la huelga como las numerosas asambleas y manifestaciones realizadas por los trabajadores y trabajadoras se desarrollaran todas en un marco alegal, dependiendo en cada momento de la tolerancia hacia las mismas de las autoridades competentes. Asimismo, en ausencia o rechazo por las trabajadoras y trabajadores de otros medios, éstos utilizaron para sus reuniones locales de la Iglesia católica, ateniéndose al Concordato vigente (de 1953) que garantizaba la inviolabilidad de los recintos eclesiásticos y la imposibilidad de acceso a los mismos por parte de la fuerza pública “salvo en caso de urgente necesidad” o con “el consentimiento de la competente autoridad eclesiástica”.

A lo largo de aquellos dos meses, los trabajadores y trabajadoras de las diferentes factorías celebraron aproximadamente doscientas cincuenta asambleas en recintos eclesiásticos, sin que en ellas se produjera ningún incidente o alteración del orden reseñable. Asimismo, en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga se celebraron diecisiete asambleas conjuntas, donde participaban obreros de todas las empresas en huelga, así como los solidarios de éstas que no estaban en tal situación, estudiantes y otros ciudadanos y ciudadanas.

Hasta el día 2 de febrero, en que se produjeron graves incidentes cuando la Policía Armada impidió una marcha de obreros hacia la sede de la Organización Sindical, no hubo violencias ni enfrentamientos en el marco del conflicto laboral. A partir de ese día comenzaron a reiterarse los problemas y la violencia ejercida por parte de la policía para evitar o limitar las manifestaciones en la calle de los trabajadores y trabajadoras, y también existieron presiones que, en algunas ocasiones, llegaron a ser intimidatorias, por parte de grupos de trabajadores hacia aquellos que optaban por volver al trabajo. En todo caso, las dos huelgas generales que tuvieron lugar en los días 16 y 23 de febrero no se singularizaron por los desórdenes callejeros ni por la violencia.

La tercera jornada de huelga general convocada para el 3 de marzo tampoco se caracterizó por la violencia. Desde primeras horas de la mañana ésta se demostró de general seguimiento en la ciudad y la actuación de los piquetes, controlada por las fuerzas policiales, no fue un factor determinante en su desarrollo. En todo caso, la tensión social se había ido acumulando al cabo de más de siete semanas de huelga, con dificultades económicas para las trabajadoras y trabajadores y con presencia constante de éstos en las calles. La prolongación del conflicto atrajo hacia éstos la solidaridad de otros colectivos y entidades obreras y sindicales de dentro y de fuera del país, y la presencia en la ciudad de representantes de otras huelgas que tenían lugar en localidades vecinas. Por su parte, las autoridades fueron tomando conciencia de la creciente agudización de ese conflicto y reclamaron más fuerzas policiales y apoyos políticos para atender al mismo.

Sin embargo, hacia el mediodía del día 3 se produjeron graves incidentes. La Policía Armada instó al desalojo de la asamblea obrera reunida en la iglesia de Los Ángeles, entró en la de Las Desamparadas para sacar a unos obreros allí refugiados e intervino contra las columnas de manifestantes que desde los polígonos industriales del norte y del sur confluían hacia el centro de la ciudad. Los incidentes de mayor gravedad se produjeron a partir de las once de la mañana en la Avenida del Generalísimo (actual Avenida de Gasteiz), cuando la policía hizo fuego real contra los trabajadores y trabajadoras. El resultado fueron varios heridos de bala, tanto entre los manifestantes en la calle como, en un caso, de una mujer que se encontraba realizando tareas domésticas en un piso en altura de un inmueble cercano. La situación de progresivo incremento de la violencia derivó en constantes cargas policiales y en saltos, lanzamiento de piedras y colocación de todo tipo de barricadas por parte de los obreros. Como consecuencia, la ciudad se encontraba para después del mediodía totalmente colapsada en su tránsito rodado, tanto dentro de la misma como en sus vías exteriores de acceso. Hacia las dos y media de la tarde se recuperó la calma, y obreros y policías se retiraron de las calles.

A las cinco de la tarde estaba convocada la decimoctava asamblea conjunta en la iglesia de San Francisco de Asís. La cita era de público conocimiento desde días atrás. Solo a falta de un cuarto de hora de su comienzo, y cuando el recinto eclesiástico estaba casi lleno de asambleístas, la policía comenzó a intervenir en los alrededores del templo para impedir el acceso al mismo y controlar las salidas. Dentro de la iglesia, la situación era de tensión, después de los disturbios de la mañana, pero en absoluto se había producido ningún incidente ni problema; no era distinta de las reuniones anteriores. Por eso, en la misma había, además de obreros, personas mayores e incluso algunas de corta edad. Se calcula que dentro de la iglesia habría unas cuatro mil personas y otras tantas afuera. Hacia las cinco y diez de la tarde, después de haber establecido un cordón para impedir la llegada a la iglesia de más obreros, la Policía Armada recibió la orden de desalojar; según las conversaciones captadas en su radiofrecuencia de comunicación, “por las buenas; si no, a palo limpio”. El mando policial en ese punto intermedió con un sacerdote para que el párroco de San Francisco de Asís procediera al desalojo por orden gubernativa. El párroco interpretó que la situación dentro del templo no era de necesidad como consecuencia de incidentes o violencias, que en absoluto se estaban produciendo, y que por eso no había argumento para disolver la reunión y desalojar el recinto. No consta permiso formal ni informal de ninguna autoridad eclesiástica; únicamente hay referencias a una orden de desalojo del gobernador civil que le fue mostrada al intermediario.

Minutos después de las cinco y diez comenzó el asalto al templo por parte de la policía, llevado a cabo mediante lanzamiento de gases dentro del recinto. Ello provocó el pánico y la salida desordenada de los miles de reunidos en él, huyendo de los efectos de las bombas lacrimógenas y de los golpes de los cordones policiales que les esperaban en las puertas y salidas improvisadas. Los otros miles de concentrados en los alrededores del templo arrojaron todo tipo de efectos a su alcance contra la policía, tratando de atraer la atención hacia sí y, de ese modo, propiciar una salida en condiciones de los que estaban dentro de la iglesia. En todo caso, y por los testimonios de testigos, declaraciones oficiales y efectos intervenidos, no se sostiene la versión de que los obreros fueran armados de ningún tipo de recurso previo, y solo se puede acreditar que utilizaron improvisadamente lo existente en las inmediaciones (piedras, palos, cascotes, ladrillos...) para actuar con la intención que se ha descrito. A su vez, los mandos policiales declararon después haberse visto “cogidas entre ambas masas opuestas de manifestantes en actitud amenazadora y agresiva” y haber agotado los medios antidisturbios disponibles.

Lo constatable es que la Policía Armada recurrió finalmente a sus armas reglamentarias contra los obreros –una posibilidad ya advertida por los policías que se encontraban en el desalojo– y que el resultado de ello fue la muerte de cinco trabajadores, de entre los que estaban tanto dentro –saliendo– como fuera de la iglesia: Pedro María Martínez Ocio, de Forjas Alavesas, 27 años; Francisco Aznar Clemente, panadero y estudiante, 17; Romualdo Barroso Chaparro, de Agrator, 19; José Castillo García, de Basa (Grupo Arregui), 32; y Bienvenido Pereda, de Grupos Diferenciales, 30. Asimismo cuarenta y siete personas fueron hospitalizadas y otras treinta fueron atendidas en diversos centros sin llegar a ingresar. Se tiene constancia de cuarenta y dos heridos de bala, además de las cinco víctimas mortales. A partir de ese momento, los incidentes se extendieron por buena parte de la ciudad. La policía realizó aproximadamente ciento cincuenta detenciones hasta el final de la jornada, y siguieron produciéndose heridos por su actuación. Asimismo, hacia las nueve de la noche resultó herido grave un inspector del Cuerpo Superior de Policía por el lanzamiento de un artefacto incendiario contra la comisaría, situada en el centro urbano, lejos del barrio de Zaramaga. Durante los incidentes de la jornada veintiocho agentes de la Policía Armada resultaron con lesiones y tres fueron hospitalizados.

En los días siguientes continuaron registrándose más heridos a consecuencia de la actuación policial. Igualmente, se detuvo a varios dirigentes del movimiento huelguístico. Jesús Fernández Naves e Imanol Olabarría Bengoa fueron acusados de sedición y puestos a disposición del Tribunal de Orden Público. También fueron encarcelados Emilio Alonso Pérez, Juan José San Sebastián, Iñaki Martín Echezarra y Alberto Martínez de Lahidalga. Otros líderes obreros del conflicto hubieron de ocultarse para evitar su detención. En ningún caso se presentó prueba delictiva concreta alguna contra los encausados; aun menos de sedición contra los dos primeros citados. Asimismo, en solidaridad con lo ocurrido en Vitoria, se desarrollaron huelgas generales y actos de protesta en diversas localidades, tanto vascas como españolas, y como consecuencia de la actuación de las fuerzas de orden público hubo otras dos víctimas mortales: los trabajadores Vicente Antón Ferrero, en Basauri (Bizkaia), y Juan Gabriel Rodrigo, en Tarragona.

El auditor militar consideró en su momento que los hechos producidos por la Policía Armada el día 3 de marzo eran constitutivos de un delito de homicidio, conforme al artículo 407 del Código Penal entonces vigente. La circunstancia de no poder determinarse quiénes fueron los autores concretos de los disparos que ocasionaron las muertes de los cinco obreros dio lugar al sobreseimiento del sumario. En todo caso, la orden de desalojo que se invocó procedería del entonces gobernador civil, Rafael Landín Vicuña, y su ejecución corrió a cargo de Jesús Quintana Saracibar, mando operativo de la dotación policial presente. Se desconoce si el gobernador civil respondió a la autoridad de una instancia superior a él mismo y cuáles eran lo términos precisos y operativos de aquella orden. En ese momento eran ministros actuantes en este conflicto el de Interior, Manuel Fraga Iribarne, el de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, y el de Presidencia, Alfonso Osorio García, sin que sus responsabilidades concretas en aquellos hechos hayan podido ser clarificadas con mayor detalle al no haber tenido a bien comparecer ante esta comisión especial ninguno de ellos. Ocurridos los sucesos del 3 de marzo, el día 6 se trasladaron los dos primeros a la ciudad para hacerse cargo personalmente de la resolución inmediata del conflicto.

Con el conocimiento que a fecha de hoy se tiene de lo acontecido, no es posible determinar la importante cuestión de si existió o no un plan preestablecido para que la policía impidiera precisamente ese día la celebración de la asamblea, y para que lo hiciera con la violencia finalmente empleada. A cambio, lo que sí queda fehacientemente probado es el conjunto de causas generales e inmediatas que dieron lugar a estos sucesos, y que son:

1.El contexto de falta de libertades esenciales que caracterizaba la situación sociopolítica del país.

2.La inadecuada dotación y preparación del operativo policial, y las instrucciones desproporcionadas, que incitaban a desdeñar los derechos humanos más elementales.

3.El uso irresponsable y homicida de armas de fuego para responder a un problema de orden público y de origen laboral.

4.Las órdenes procedentes de alguna instancia de la línea de mando, cuyo vértice en ese momento era el Gobierno de España, que tomó las decisiones cuyas consecuencias se han relatado someramente.

5.Y la ejecución de esas órdenes por funcionarios del Estado, sin que se hayan determinado responsabilidades personales.

6.De las causas, recogidas en los puntos 2 a 5, que dieron lugar a estos sucesos, dimana la existencia evidente de responsabilidades políticas en las personas que en este memorando aparecen como titulares de los ministerios actuantes en este conflicto.

Estos son únicamente los hechos que este Parlamento puede tomar como fehacientes. Para una versión más extensa, pero igualmente rigurosa, se remite al varias veces citado Dictamen histórico sobre los acontecimientos del 3 de marzo en Vitoria.

El presente memorando de hechos objetivos y probados, aprobado por este Parlamento, se trasladará a las instancias y entidades oportunas, para que lo adjunten o den referencia del mismo en todos los sumarios e informes abiertos por aquellos sucesos y en todos los fondos documentales que se refieran a la cuestión.

Vitoria-Gasteiz, 12 de junio de 2008

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