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Resumen
La investigación parlamentaria, como toda otra actividad del Estado, debe tener un objeto posible (natural y jurídicamente). Este objeto se delimita jurídicamente atendiendo a dos criterios: el interés público (art. 76.1 CE) y la vinculación con una competencia constitucional que las Cortes Generales tienen atribuida. Cuando la investigación parlamentaria no puede sustentarse en, simultáneamente, esos dos criterios, entonces es contraria a la Constitución. Aunque el primero de los criterios, el interés público, es nebuloso, la relación con un título competencial de las Cortes Generales simplifica la delimitación del objeto de la investigación parlamentaria. En este sentido, la posición institucional de la Jefatura del Estado, la división de poderes (horizontal y vertical) y el factor tiempo delimitan el objeto posible de la investigación parlamentaria.
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